La basura electrónica es un problema creciente en Argentina que todavía no tiene un marco regulatorio claro ni abarcativo que cubra todas las provincias del país. A pesar de que ya ha habido proyectos debatidos en el Congreso nacional, persisten resistencias desde diferentes sectores económicos y políticos sea por interés corporativo, sea por simple desconocimiento de un tema que ya no puede ser ignorado.

Según el experto Gustavo Fernández Protomastro, los denominados Raee (residuos de aparatos eléctricos o electrónicos) “son un conjunto particular de residuos que generamos todos” en los hogares, oficinas y otros lugares de trabajo y producción.

En Argentina se estima que cada año cada ciudadano desecha alrededor de 10 kilos de basura electrónica por año, una cifra que casi se duplicará en poco tiempo para llegar a alrededor de 15 kilos en 2025.

“Todos desechamos lamparitas y pilas contaminadas con mercurio y cadmio, pero también descartamos el teléfono celular, un televisor o electrodomésticos ricos en diversos metales y plásticos. Para lograr su reciclado, las normas deben apuntar a una legislación que impida que los Raee se desechen mezclados con la basura doméstica y que, de alguna manera, involucren un esfuerzo compartido”, puntualizó el experto.

Según Protomastro, la clave para una gestión eficiente y sustentable de la basura electrónica está, justamente, en el concepto de “esfuerzo compartido”. Eso incluye tanto al consumidor final (que debe asumir la responsabilidad de no tirarlo en cualquier parte) como al fabricante o marca que fabrica el producto, que debe asumir el compromiso de colaborar con los municipios en su recolección y tratamiento.

Esa idea se resume en el concepto de responsabilidad extendida del productor (REP), un postulado internacional que promueve mejoras ambientales en el ciclo de vida de los productos, extendiendo la responsabilidad del productor especialmente a la recolección, reciclado y disposición final de los equipos.

“Existen principios dentro del derecho internacional que son aplicables a los residuos como el principio de reducción en la fuente, el de proximidad, el de ciclo de vida integrado, y el de responsabilidad extendida del productor (REP), un concepto clave en el caso de los Raee” señaló Leila Devia, experta en el tema.

Los especialistas coinciden en señalar que el Estado, por su lado, debe brindar condiciones legales y económicas para el desarrollo de una industria del reciclado que pueda recuperar la funcionalidad de repuestos y equipos así como metales como el cobre, aluminio, acero, oro y plata presentes en los Raee, y que colabore en el tratamiento de metales pesados presentes como el cadmio, plomo, mercurio, bromo y otros.

En Argentina hubo un intento para elaborar una ley a través de un proyecto presentado por el entonces diputado nacional Daniel Filmus. El intentó no prosperó por la oposición de algunos sectores empresariales, que veían al concepto de REP como un gasto agregado que no les correspondía pagar a ellos.

Actualmente otro diputado nacional, Carlos Villalonga, retomó el espíritu de ese proyecto con la idea de actualizar el debate y avanzar en la sanción de una ley que regule y estipule responsabilidades respecto a los Raee.

Sin embargo, también encontró oposición aunque esta vez dentro del mundo de la política, que según sus propias palabras_ todavía no entiende que las normas ambientales no son una traba para el desarrollo económico y productivo de una nación.

Intento Fallido.

En el año 2012, la cámara de Diputados trató el proyecto de ley de presupuestos mínimos para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos presentado por Filmus, que llegó incluso a tener sanción de forma unánime de la Cámara de Senadores.

El entonces diputado recordó que para la elaboración del proyecto se había llevado adelante “un proceso muy participativo” que llevó mucho tiempo y que incluyó la participación activa de ong’s y organizaciones con perspectiva ambiental.

A pesar de eso y del aval de los senadores, la iniciativa no prosperó en la cámara baja, donde no se logró siquiera que entrara en debate en el recinto ya que las propias comisiones no pudieron llegar a un texto consensuado.

Filmus, actualmente legislador del Parlasur, explicó que se habían estudiado los modelos de gestión de residuos de varios países europeos y asiáticos y se habían consultado expertos internacionales en el tema, lo que contribuyó a que el proyecto fuera “muy completo”.

Sin embargo, desde algunos sectores económicos y políticos “se generaron condiciones para que no se debatiera” en Diputados, algo que finalmente se logró como consecuencia de “un lobby muy fuerte por parte de aquellos que no querían hacerse cargo de que las empresas tuvieran algo que ver en el asunto”.

“No se planteaba la puesta en marcha de mecanismos de un día para el otro, pero los residuos electrónicos tienen posibilidades de reciclarse y esto hubiera servido tanto desde una perspectiva ambiental como desde el punto de vista del ahorro de recursos para el país”, dijo Filmus, quien subrayó que en el caso de la responsabilidad extendida “hubo presiones importantes de las fábricas de pilas, que discutieron si ellas debían estar allí”.

El ex funcionario destacó que si bien muchas cámaras sectoriales “aportaron al debate”, la realidad fue que por la presión de algunos sectores en particular Argentina no pudo dotarse de ley que permitiera atender al problema que significan los residuos electrónicos.

“En los debates previos participaron cooperativas y ong’s que estaban haciendo estas experiencias con distintos tipos de productos, y en todos los casos eran exitosas, hay muchas pymes que se dedican a esto y que hubieran sido favorecidas por la apertura de fuentes laborales integradas a un proceso de reciclado”, se lamentó el también ex ministro de Educación.

Nuevo intento.

El actual diputado de Los Verdes y ex Greenpeace Cali Villalonga, quien participó en su momento de la génesis del primer proyecto para gestión de Raee, volvió a la carga con una iniciativa para que el Congreso debata sobre la necesidad de regular el sector.

Optimista, explicó que según lo que ve y escucha “hay un consenso grande en el sector, como nunca antes, acerca de la necesidad una norma de este tipo”.

Para reforzar sus argumentos en favor de una ley que ordene la gestión de la chatarra electrónica, Villalonga se remitió al pasado cercano al afirmar que tal como temía, la no aprobación de una legislación nacional sobre el tema generó la aparición de numerosas normativas provinciales o locales conformando “el peor escenario”.

“La situación actual genera para las empresas múltiples normativas que muchas veces no son coherentes entre sí con exigencias difíciles de cumplir”, dijo el legislador, para quien eso ayuda a entender la urgencia de contar con un marco legal de alcance nacional.

Con las empresas más proclives a adoptar normativas que ordenen el sector, para Villalonga hoy la mayor dificultad viene desde la propia política, que muchas veces sigue asociando de manera errónea normativas ambientales con trabas para el desarrollo económico.

Por eso se mostró esperanzado de que tanto desde los ministerios de Ambiente como de Producción “se tome la decisión de avanzar en algún sentido” después de un año 2016 sin avances ni claridad al respecto.

“La ley que proponemos tiene el visto y una buena recepción de buena parte del sector, si aparece la vocación política una ley así debería ocurrir porque capitaliza todo el debate ya dado, las críticas ya fueron absorbidas y la letra fina está sintonizada”, resumió, para agregar que se trata de una ley “realista” que conserva los criterios ambientales pero no genera nuevas estructuras ya que dependería de Ambiente y Producción.

Por eso en la actualidad, según Villalonga, lo que traba la ley es la falta de decisión política del gobierno y la escasa prioridad que se le otorga al tema, algo que explica porque “en la política suele haber todavía una mirada bastante anacrónica que piensa que las normativas ambientales son una barrera al desarrollo”.

Algo a lo que calificó de “paradójico” ya que son las propias empresas las que piden normas y certeza jurídica: “las empresas saben que están sometidas a la mirada social y saben que deben cumplir normativas tanto en las filiales como en las casas matrices”, argumentó el experto, para quien “nadie hace una inversión si no hay claridad, y no habrá plantas de reciclado importantes sin normativas claras”.

“Hoy el sector privado está más adelantado que la política en este sentido”, concluyó Villalonga.